Persecusión Política y Religiosa en Nicaragua

Foto tomada de: Redes sociales Diócesis de Matagalpa

El régimen del presidente Daniel Ortega viene desarrollando sistemáticamente un proceso de persecución contra toda oposición a su gobierno, sea a través del hostigamiento y encarcelamiento de personas, así como la anulación y cancelación de personerías jurídicas dentro de la sociedad civil. Todo esto en el marco de un preocupante clima de crisis, violencia y creciente exilio dentro de la sociedad nicaragüense, a razón de la represión e impostura del régimen de Ortega frente a cualquier posicionamiento disidente.

El elemento religioso ha tenido un lugar central en este escenario. Por un lado, el régimen de Ortega ha instrumentalizado narrativas y pertenencias religiosas para legitimar su accionar. Por otro, ha llevado a cabo un conjunto de prácticas persecutorias contra diversas instituciones religiosas, sean iglesias, organizaciones basadas en fe e incluso algunas universidades de origen confesional. Esto vulnera los principios democráticos más fundamentales respecto a la libertad religiosa. La Iglesia Católica, institución que inicialmente se dispuso a aportar al diálogo social en medio de la crisis, ahora es uno de los sectores más perseguidos por el régimen. Lo pudimos ver esta semana en el bochornoso caso del Obispo Rolando Álvarez, en la ciudad de Matagalpa, quien, luego de 15 días de cerco y acoso policial en la curia local, fue encarcelado junto a otros sacerdotes de la diócesis. 

Por todo esto:

• Reclamamos la inmediata liberación de Rolando Álvarez y el grupo de sacerdotes injustamente detenidos, así como la garantía de su seguridad y el libre desarrollo de su labor religiosa como social.
• Denunciamos la instrumentalización de discursos religiosos por parte del régimen Ortega, con el propósito de legitimar acciones de violencia y coerción social, así como la persecución de personas, comunidades, instituciones y organizaciones dentro del campo religioso que mantienen una posición disidente.
• Reclamamos la inmediata apertura de un espacio de diálogo democrático para abordar soluciones concretas frente al insostenible contexto de crisis social, violencia gubernamental y persecución de personas y organizaciones, hacia la construcción de un espacio de respecto que garantice las libertades y derechos.